La denuncia presentada por Morena contra Samuel García ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León por una presunta triangulación de recursos superior a 1,400 millones de pesos abrió un nuevo frente político para el gobernador, pero también genera dudas alrededor de uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de su administración: el nuevo estadio de Tigres. La acusación, que también alcanza a personas del entorno del mandatario, solicita investigar posibles delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y abuso de funciones; sin embargo, se trata de señalamientos que deberán ser investigados por las autoridades y no de una resolución judicial.
El problema para el estadio es que su historia ya arrastra obstáculos políticos y administrativos. El proyecto fue presentado con una inversión estimada de 8,200 millones de pesos, capacidad para 65,000 aficionados y una superficie de 210,000 metros cuadrados, mientras que el Gobierno de Nuevo León planteó desde el inicio que la obra tendría participación de capital privado. En 2023, incluso, el Congreso tuvo que intervenir en el proceso del comodato del terreno y posteriormente el proyecto enfrentó la revocación de ese comodato por incumplimientos de la empresa encargada.
El estadio podría quedar atrapado entre la denuncia y la falta de certezas
La acusación contra García no cancela automáticamente el nuevo estadio de Tigres, pero sí puede aumentar la incertidumbre alrededor de cualquier trámite que todavía dependa de decisiones del Gobierno estatal o del Congreso. El antecedente es importante: en 2023, el Legislativo ya había cuestionado aspectos del proyecto y terminó revocando el comodato después de que Juego de Pelota no cumpliera dentro del plazo establecido con documentación relacionada con los terrenos de la UANL y el calendario de construcción. Ese episodio demostró que la obra no dependía únicamente de conseguir inversión privada.
El tamaño de la inversión hace que cualquier nuevo retraso tenga consecuencias económicas. Los 8,200 millones de pesos anunciados en 2023 equivalían entonces al costo estimado de la obra, por lo que si el proyecto necesitara actualizarse después de varios años sin concretarse, el presupuesto final podría ser superior por inflación, financiamiento, materiales y modificaciones. Como estimación periodística, un incremento de apenas 10% sobre aquella cifra elevaría el proyecto a unos 9,020 millones de pesos, mientras que un aumento del 20% lo llevaría hasta aproximadamente 9,840 millones. No son cifras oficiales del nuevo presupuesto, sino escenarios matemáticos para dimensionar el impacto de otro retraso.
CEMEX y Tigres tendrían la llave para mantener vivo el proyecto
Uno de los nombres que podría resultar determinante es CEMEX, porque la empresa estuvo involucrada desde el memorándum de entendimiento original junto con la UANL, el Gobierno de Nuevo León, el municipio de San Nicolás, Tigres y Juego de Pelota. Además, después de la revocación del comodato en 2023, Samuel García aseguró que CEMEX sería la empresa que realizaría el fronting de la construcción, argumento que utilizó para defender la viabilidad del proyecto pese al conflicto con el Congreso.
Por eso, una eventual salida dependería menos de una promesa política y más de que los participantes logren blindar jurídicamente y financieramente la obra. Tigres y Sinergia Deportiva tendrían que mantener el interés deportivo y comercial, la UANL tendría que resolver los aspectos relacionados con sus terrenos, CEMEX podría ser uno de los principales respaldos empresariales y el Congreso tendría nuevamente un papel relevante en cualquier autorización que corresponda. Si esa estructura consigue mantenerse independiente del conflicto político de García, el estadio todavía podría sobrevivir; si los inversionistas perciben que los problemas legales terminan bloqueando permisos o acuerdos, el proyecto de 8,200 millones de pesos podría enfrentar otro periodo de espera.
